Todos inocentes, ningún sancionado y las causas archivadas. Esa, fue la resolución final que tomó la Comisión investigadora conformada para analizar la documentación presentada por presunta incompatibilidad de funciones, primero contra el edil radical Lisandro Antúnez y más tarde contra los oficialistas Lorena Bussi y Claudio Funes.
La decisión fue anunciada en la sesión ordinaria de esta semana por la Presidenta del Concejo Deliberante Irma Beatriz Lozano, quien en una breve intervención, informó que los tres casos pasaron a archivo sin ningún tipo de sanciones, con la firma de las actas correspondientes y las votaciones que en el caso de Antúnez fue por unanimidad y en el de Bussi y Funes por mayoría ya que la edil opositora Evelina Nuccetelli votó en contra de ambos. De esta manera, sin demasiados preámbulos y con un evidente pacto entre las partes, las incompatibilidades de funciones pasaron al olvido, no hubo ni destituciones ni juicios políticos como se sostuvo muchas veces a lo largo de este engorroso año, pero si hubo un sin fin de peleas, declaraciones y acusaciones que fragmentaron casi irreconciliablemente el recinto legislativo.
La polémica se había iniciado en Noviembre del año pasado, cuando en una publicación del diario "La Mañana de Córdoba", donde el Intendente Fabián Francioni y la Asesoría Letrada municipal realizaron declaraciones donde sospecharon a Antúnez de una incompatibilidad en la que habría recaído al ser legislador y al mismo tiempo litigar contra la Municipalidad, que días más tarde derivó en la enumeración de varias acciones legales iniciadas por el concejal radical contra el municipio, entre ellas un importante juicio por mala praxis en el Hospital San Roque.
En su defensa, además de sostener que la Ley Orgánica Municipal no le impedía dichas acciones, Antúnez pidió en Diciembre de 2009 que se investigue a los concejales oficialistas Lorena Bussi y Claudio Funes, en el primero de los casos porque la consideraba beneficiaria directa de una obra pública adjudicada desde el municipio a su cónyuge por un monto superior al millón de pesos, y en el segundo caso por haber ejercido la doble función y percibir doble sueldo como Director de Protección Ambiental y edil.
Por estos casos, el concejo se había constituido en Comisión Investigadora, que tuvo una serie de reuniones durante este año donde abundaron los encontronazos y las actas labradas por escribano público. Así, el tema se fue diluyendo durante varios meses hasta que semanas atrás, la comisión volvió a reunirse y tras realizar una serie de acuerdos, resolvió que todos son inocentes y nadie violó ningún tipo de legislación.
La decisión fue anunciada en la sesión ordinaria de esta semana por la Presidenta del Concejo Deliberante Irma Beatriz Lozano, quien en una breve intervención, informó que los tres casos pasaron a archivo sin ningún tipo de sanciones, con la firma de las actas correspondientes y las votaciones que en el caso de Antúnez fue por unanimidad y en el de Bussi y Funes por mayoría ya que la edil opositora Evelina Nuccetelli votó en contra de ambos. De esta manera, sin demasiados preámbulos y con un evidente pacto entre las partes, las incompatibilidades de funciones pasaron al olvido, no hubo ni destituciones ni juicios políticos como se sostuvo muchas veces a lo largo de este engorroso año, pero si hubo un sin fin de peleas, declaraciones y acusaciones que fragmentaron casi irreconciliablemente el recinto legislativo.
La polémica se había iniciado en Noviembre del año pasado, cuando en una publicación del diario "La Mañana de Córdoba", donde el Intendente Fabián Francioni y la Asesoría Letrada municipal realizaron declaraciones donde sospecharon a Antúnez de una incompatibilidad en la que habría recaído al ser legislador y al mismo tiempo litigar contra la Municipalidad, que días más tarde derivó en la enumeración de varias acciones legales iniciadas por el concejal radical contra el municipio, entre ellas un importante juicio por mala praxis en el Hospital San Roque.
En su defensa, además de sostener que la Ley Orgánica Municipal no le impedía dichas acciones, Antúnez pidió en Diciembre de 2009 que se investigue a los concejales oficialistas Lorena Bussi y Claudio Funes, en el primero de los casos porque la consideraba beneficiaria directa de una obra pública adjudicada desde el municipio a su cónyuge por un monto superior al millón de pesos, y en el segundo caso por haber ejercido la doble función y percibir doble sueldo como Director de Protección Ambiental y edil.
Por estos casos, el concejo se había constituido en Comisión Investigadora, que tuvo una serie de reuniones durante este año donde abundaron los encontronazos y las actas labradas por escribano público. Así, el tema se fue diluyendo durante varios meses hasta que semanas atrás, la comisión volvió a reunirse y tras realizar una serie de acuerdos, resolvió que todos son inocentes y nadie violó ningún tipo de legislación.
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