Once personas fueron condenadas a penas de entre 3 y 4 años y medio de prisión, en algunos casos de cumplimiento efectivo, por saqueos a comercios de la ciudad de Córdoba cometidos en agosto pasado, informaron hoy fuentes judiciales.
Las penas fueron disctadas por la jueza de Control y Faltas de Córdoba Anahí Hampartzounian, quien, en el marco de la causa instruida por el fiscal Ernesto de Aragón, declaró a los acusados culpables de los delitos de "robo calificado por efracción, agravado por la intervención de menores de edad", sostiene la información suministrada oficialmente por el Poder Judicial de Córdoba.
Uno de los condenados ofreció una reparación proporcional al daño ocasionado a la víctima de uno de los sucesos, lo cual fue valorado como un atenuante por la magistrada al momento de imponerle la sanción.
Entre los acusados, cuyas identidades no se informaron, hay un adolescente de 16 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Menores, que deberá plantear la resolución de su situación.
La jueza Hampartzounian consideró que los actos de vandalismo a los comercios se realizaron de manera "organizada y conjunta".
Además, en el fallo destacó que la "pluralidad de sujetos intervinientes y la sorpresa que asumieron las irrupciones, generaron que los damnificados adoptaran, en muchos casos, una actitud pasiva de clara resignación; y en otros, una resistencia carente de toda efectividad que hubo necesariamente de cesar, mutando a impotencia, frente al ingreso repentino del grupo".
Asimismo, sostuvo que el listado de bienes sustraídos permite inferir que "los saqueos no fueron motivados por una impostergable necesidad de procurarse alimentos, sino que los autores aprovecharon la innegable dificultad económica que atraviesa el país como excusa para apoderarse de todo aquello que tuviera valor de venta".
Al respecto, detalló que las personas que protagonizaron los saqueos "poseían trabajo, es decir, que su actividad delictiva no fue motivada por la miseria o la imposibilidad de procurarse el sustento propio o del grupo familiar".
La magistrada también argumentó en la sentencia que el sentimiento de "inseguridad y desasociego" que los ataques ocasionaron no solo afectó de modo directo a las víctimas, sino a todos los ciudadanos que observaron a bandas que "impunemente, en algunos casos, invadían comercios apoderándose de todo aquello que tuvieran a su paso".
En ese contexto, la funcionaria judicial agregó que un sentimiento de inseguridad se apoderó de los ciudadanos.
Como consecuencia de ese sentir se originaron a nivel social "severos cuestionamientos respecto a la capacidad del Estado para cumplir" en el control de esa situación, lo que derivó en la "desconfianza generalizada en la eficacia de las instituciones para garantizar la paz social".
INFO: PUNTAL RIO CUARTO
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