Declararon nulo un allanamiento en el que se secuestraron 20 kilos de droga en Villa Nueva, ya que fue autorizado por un juez de Paz. Sospechas contra una pareja de policías.
Cámara Federal de Apelaciones declaró nulo un allanamiento en el que se secuestraron 20 kilos de droga en la localidad de Villa Nueva, separada por un puente de la ciudad de Villa María, ya que el procedimiento había sido ordenado por un juez de Paz.
El fallo deja al descubierto el accionar del policía Leonardo René Rivero que junto a su esposa Andrea Miranda, también policía, fueron denunciados en mayo de 2012 por pedir una supuesta coima de 60 mil pesos a Rafael Deheza, propietario del inmueble ahora allanado, quien a partir de ese momento “habría sufrido una persecución”.
El 12 de septiembre de 2013, alrededor de las 15, según consta en el expediente, Rivero
dice que recibe una llamada anónima, dando cuenta de
que un par de horas más tarde se descargarían autopartes robadas en el domicilio de 25 de Mayo 2144.
En realidad, a esa hora arribó a ese domicilio una camioneta de la que se bajó sólo una caja que contenía poco menos de 20 kilos de marihuana.
Ante la denuncia anónima –algo que en la Justicia federal no se creyó ya que se sospecha que Rivero sabía que lo que realmente iban a llevar era droga– se solicitó una orden de allanamiento al juez de paz de Villa Nueva, en lugar de ir a Villa María y solicitar idéntica medida al juez de Control.
Cabe aclarar que no podían pedir allanamientos a la Justicia federal porque hipotéticamente se trataba de elementos robados y correspondía actuar a la justicia provincial.
A resultas de la orden emanada del juez de Paz fueron detenidos Gustavo Alejandro Deheza, Héctor Rafael Deheza, Sandro Fabián Machado, Ramón Antonio Almada y Verónica Analía Ocanto, todos acusados del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El irregular procedimiento fue convalidado por Roque Ramón Rebak, juez federal
de Villa María, lo que mereció dos recursos ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Las apelaciones fueron presentadas por Beatriz De Césaris de Pairola, por la fiscalía federal de esa ciudad, y por los abogados Sebastián Becerra Ferrer y Carlos Hairabedian, defensores de Ocanto
INFO: LA VOZ DEL INTERIOR
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