Presentarán hoy un recurso ante la Justica por considerar “ilegítimo e ilegal” el gravamen. Desde hoy, naftas y gasoil premium suben $ 0,40 por litro; la nafta común, $ 0,30; gasoil común, $ 0,20 y GNC 0,15 por metro cúbico.
Más de cien ciudadanos de diversos puntos de la provincia de Córdoba presentarán hoy en la Justicia un recurso de amparo para evitar el pago de la tasa a los combustibles impuesta por el Gobierno provincial, que comenzó a regir esta madrugada.
Entre los amparistas se encuentra el abogado que preparó el recurso, Juan Smith, quien explicó a LA MAÑANA que pedirá a la Justicia que exima del gravamen a los firmantes del amparo, por considerarlo «ilegal e ilegítimo». Se trata de una «medida urgente”, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Según el letrado, la Ley 10.081 que creó la tasa vial incurre en irregularidades como la “doble imposición”, la violación del artículo 71 de la Constitución Provincial y el principio de legalidad, por las facultades que otorga al Poder Ejecutivo para actualizar la alícuota.
El nuevo impuesto, votado en la Legislatura sólo por el bloque oficialista de Unión por Córdoba, grava a partir de hoy y por tiempo indefinido la compra de combustibles en todo el territorio provincial, tanto a particulares como a sectores de la producción.
El plus a pagar se actualizará cada tres meses, y arranca en
$ 0,40 por litro de naftas y gasoil premium, $ 0,30 por litro de nafta común, $ 0,20 por litro de gasoil común y $ 0,15 para el metro cúbico de GNC.
Lo recaudado, según el artículo 1 de la ley, retribuirá “la prestación de servicios” de mantenimiento y reparación de la red vial provincial. El Gobierno aspira reunir $ 500 millones anuales por este medio, lo que según la oposición se usará para cubrir gastos corrientes de la administración pública y equilibrar las cuentas.
Smith aclaró que el amparo, en caso de que la Justicia le haga lugar, “sólo protege al número de personas que lo solicitan”, y “no tiene ánimo de generalidad”. “Solicitamos la medida cautelar que es la posibilidad de que se oficie a los estacioneros a fin de que a los amparistas no se les cobre tributo”, explicó.
En esa línea, se pedirá que el Poder Ejecutivo informe cuáles son las obras viales que se costearán con el gravamen, ya que al ser una tasa y no impuesto, debe estar ligada a la prestación de un servicio al contribuyente. El letrado ejemplificó que puede darse el caso de que la tasa un ciudadano pague por la reparación de una ruta que no utiliza ni utilizará. “No está clara y precisa la contraprestación”, indicó Smith.
Asismismo, adelantó que la semana que viene se presentará en tribunales de la provincia una acción declarativa de inconstitucionalidad para pedir la nulidad de la Ley 10.081. Este recurso se suma al presentado ayer por un estacionero, en carácter de «damnificado directo».
Argumentos
Entre los argumentos que desplegará Smith y otros abogados que integran el grupo de amparistas está que la tasa vial implica una “doble imposición”, ya que los combustibles ya están gravados por el IVA. “Esta doble imposición está reñida con el ordenamiento normativo de la Constitución Nacional y provincial, y vulnera el derecho de propiedad”, indicó el letrado.
Además, consideró que la Ley 10.081 vulnera el artículo 71 de la Constitución de Córdoba, que señala que “el sistema tributario y las cargas públicas se fundamentan en los principios de la legalidad, equidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad y certeza”. “Esto no se cumple con esta tasa”, remarcó el abogado.
El escrito que ingresará hoy a los Tribunales también reprocha la violación del principio de legalidad de la Ley 10.081, que faculta al Poder Ejecutivo a aumentar trimestralmente la alícuota del gravamen y a aplicar la tasa a combustibles que se introduzcan a futuro en el mercado.
INFO: LA MAÑANA DE CÓRDOBA
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