Durante el procedimiento las inspectores de la AFIP pudieron constatar las irregularidades denunciadas: en el lugar vivían familias, donde los padres y sus hijos (mayormente menores de edad) trabajaban en condiciones deplorables tanto de salud, higiene y seguridad. Habitaban en pequeños ambientes hacinados y tenían prohibido abandonar el predio sin autorización.
Según lo declarado por los propios afectados, cada familia recibía la paga de $ 3.000 por mes, monto sobre el cual le descontaban el valor de los alimentos y medicamentos provistos por el mismo titular del campo.
El denunciado es un productor de la zona rural y su predio –ubicado en Morrison– cuenta con 500 hectáreas, valuadas en $22.500.000. En el establecimiento hay un tambo cuyo rendimiento lácteo es de más 500.000 litros de leche anuales. Cabe destacar que esa producción es íntegramente entregada a una reconocida empresa exportadora -cuya venta al mercado externo supera los 15 millones de dólares anuales- y es abastecedora de las principales cadenas de supermercados nacionales.
Cabe señalar que la AFIP observará en forma completa toda la cadena de comercialización láctea de la zona y evaluará las responsabilidades que le correspondan.
El procedimiento se realizó junto con Gendarmería Nacional, los ministerios de Trabajo y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y profesionales del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata de Persona. El allanamiento se concretó por orden del Juzgado Federal de Bell Ville a instancias de la Fiscalía Federal de esa ciudad.
Desesperados pedidos de ayuda
Todos los trabajadores damnificados fueron entrevistados por profesionales del Programa Nacional de Rescate de Víctimas de la Trata de Personas, quienes al constatar la situación de extrema vulnerabilidad a la que estaban sometidos, ofrecieron a los mismos el aseguramiento y contención pertinente que aceptaron de inmediato; motivo que generó el montaje de un operativo tendiente al traslado de los trabajadores a un refugio seguro.
Por otro lado fue detectada la existencia de importante documentación probatoria de ilícitos tributarios -producción de leche y soja no declarados al Fisco- y de Seguridad Social -empleados y sueldos no registrados- todo lo cual fue puesto a disposición del Juzgado Federal interviniente, la cual una vez desintervenida generará por parte de AFIP la aplicación de importantes ajustes y sanciones.
INFO: LA MAÑANA DE CÓRDOBA
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