El Tribunal Oral Federal Nº 2 continuará juzgando hoy a dos personas por el presunto delito de “trata de personas”, en un episodio en el que podría estar ligado un alto funcionario del Gobierno provincial. Esa causa se tramita, en paralelo, en la etapa de instrucción en el Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville.
Oscar “Cacho” Desábato (61) y Alicia Vargas Leulián (32), esta última de nacionalidad paraguaya, están acusados de haber captado mediante promesa engañosa a dos jóvenes de aquel país vecino y así trasladarlas hasta una whiskería del sudeste provincial. El lugar, llamado “El Quincho”, se ubicaba en la localidad de Cruz Alta.
Esclavas de la noche
Según los testigos que pasaron en las primeras audiencias en el TOF 2, cuyo tribunal preside el doctor José María Pérez Villalobo, las jóvenes vivían en el mismo prostíbulo en condiciones precarias, al punto que debían compartir la cama.
Además, el propietario del lugar les exigía el “pago” del alojamiento, la comida y los pasajes, por lo que no podían obtener su “libertad” hasta lograr dicho monto, que nunca era alcanzado. Para presionarlas, Desábato les retenía los documentos de identidad y les aplicaba “multas” por bajo rendimiento.
Estos datos fueron brindados por una ex trabajadora sexual del lugar, quien aportó datos relevantes sobre el sistema que se utilizaba en dicho local nocturno.
En medio de esa delicada vivencia, una de las jóvenes, quizás por el mismo instinto de supervivencia, logró zafarse de la contínua custodia y avisar de la situación a un amigo a través de un mensaje de texto. Éste se lo habría transmitido al padre de la joven cautiva, que denunció el caso ante el Juzgado Federal de Posadas (Misiones).
Tras un minucioso rastrillaje, ya que la chica no podía precisar en qué punto de Córdoba o Santa Fe se contraba, finalmente la justicia misionera envió un exhorto a Córdoba, donde se resolvió realizar una serie de allanamientos junto a Gendarmería Nacional y Migraciones en distintos prostíbulos del sudeste provincial.
Durante dicho operativo, en el mes de noviembre del año 2009, se logró liberar alrededor de 50 mujeres, de distintas edades. Entre ellas, estaban las jóvenes paraguayas de 18 años, que motivaron el actual proceso judicial.
Fantasma de la complicidad
Como en todos los juicios por trata de personas, el “fantasma” de la complicidad política y policial es una arista que se repite.
En este caso, teniendo en cuenta que se trata de una localidad de apenas 7 mil habitantes, las sospechas crecen aún más. A tal punto que un testigo clave, que también declararía hoy en el juicio, habló sobre la relación entre el imputado Desábato y las autoridades municipales de Cruz Alta. El intendente de esa localidad es Diego Passerini, hermano del actual ministro de Desarrollo Social de la Provincia.
El testimonio del ex empleado del principal sospechoso podría brindar detalles sobre los movimientos y la “protección” que contaría Desábato. En ese sentido, en paralelo, la Justicia Federal de Bell Ville investiga la denuncia realizada contra los hermanos Passerini, la que actualmente se encuentra literalmente en una meseta judicial.
En tanto, este debate podría finalizar la semana próxima, cuando se escuchen los alegatos y la probable sentencia. De ser hallados culpables podrían recibir una pena entre 5 y 15 años de prisión.
INFO: LA MAÑANA DE CÓRDOBA
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