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martes, 16 de julio de 2013

Un juicio sobre trata de personas golpea al ministro Passerini

Mientras la Justicia Federal juzga a un proxeneta de Cruz Alta, en Bell Ville se remueve otra causa conexa que relaciona al ministro de Desarrollo Social con la whiskería donde se rescató a dos mujeres paraguayas. La procuradora Gils Carbó impulsa la investigación.
El 25 de ene­ro de 2009 una co­mi­ti­va de po­li­cías fe­de­ra­les, Gen­dar­me­ría, abo­ga­dos y psi­có­lo­gos, jun­to a fun­cio­na­rios ju­di­cia­les, alla­nó las whis­ke­ría El Quin­cho, ubi­ca­da a la sa­li­da de la lo­ca­li­dad de Cruz Al­ta, en el De­par­ta­men­to Mar­cos Juá­rez, pe­ga­da al lí­mi­te con San­ta Fe.
Bus­ca­ban a dos hu­mil­des jó­ve­nes pa­ra­gua­yas de la ciu­dad de En­car­na­ción, caí­das en una red de tra­ta de per­so­nas. El pa­dre de una de las chi­cas de­nun­ció en la Jus­ti­cia que su hi­ja es­ta­ba en­ce­rra­da en el lo­cal don­de la obli­ga­ban a ejer­cer la pros­ti­tu­ción y que ha­bía en­via­do un men­sa­je por ce­lu­lar a un ami­go, pi­dien­do ayu­da pa­ra vol­ver a su ca­sa. El juez fe­de­ral en lo Cri­mi­nal y Co­rrec­cio­nal de Po­sa­das, Mi­sio­nes, Ra­món Chá­vez, or­de­nó la in­ves­ti­ga­ción que de­ri­vó en el alla­na­mien­to.
Cua­tro años des­pués, el fis­cal fe­de­ral Ma­xi­mi­lia­no Hair­da­be­dian ele­vó a jui­cio an­te el Tri­bu­nal Oral Fe­de­ral (TOF) Nº2 de Cór­do­ba a Os­car “Ca­cho” De­sa­ba­to, due­ño de la whis­ke­ría, y a la ciu­da­da­na pa­ra­gua­ya Ali­cia Con­cep­ción Var­gas Leu­lián, am­bos im­pu­ta­dos co­mo coau­to­res del de­li­to de tra­ta de per­so­nas.
Pe­ro, más allá de la tras­cen­den­cia de la cau­sa que se juz­ga en es­tos días, con fi­nal pa­ra des­pués de la Fe­ria, el ca­so des­pier­ta sar­pu­lli­dos en el Go­bier­no pro­vin­cial por­que el año pa­sa­do una in­ves­ti­ga­ción, pu­bli­ca­da por la Re­vis­ta El Sur de Río Cuar­to, re­ve­ló la exis­ten­cia de una de­nun­cia ra­di­ca­da en la Fis­ca­lía Fe­de­ral de Bell Vi­lle don­de se re­la­cio­na­ba a De­sa­ba­to con el mi­nis­tro de De­sa­rro­llo So­cial, Da­niel Pas­se­ri­ni (foto).
Ade­más, la re­vis­ta pu­bli­có de­cla­ra­cio­nes de un Tes­ti­go de Iden­ti­dad Re­ser­va­da (TIR) que dio lu­jo de de­ta­lles so­bre la con­ni­ven­cia de Pas­se­ri­ni con el pro­xe­ne­ta, li­gan­do tam­bién a Die­go Pas­se­ri­ni, her­ma­no del fun­cio­na­rio de­la­so­tis­ta, y su su­ce­sor co­mo in­ten­den­te de Cruz Al­ta. El de­nun­cian­te de­ta­lló có­mo De­sa­ba­to fi­nan­cia­ba a la co­mu­na cuan­do sur­gían pro­ble­mas fi­nan­cie­ros pa­ra pa­gar suel­dos y agui­nal­dos a los em­plea­dos mu­ni­ci­pa­les, a cam­bio de tran­qui­li­dad pa­ra ex­plo­tar a las mu­je­res re­te­ni­das en el lo­cal de al­ter­ne.
Tras el alla­na­mien­to, Ca­cho es­tu­vo pró­fu­go du­ran­te al­gu­nos me­ses has­ta que arre­gló su en­tre­ga por me­dio de un abo­ga­do. Pre­so du­ran­te dos años sin jui­cio en Vi­lla Ma­ría, ac­tual­men­te es­pe­ra la sen­ten­cia en su do­mi­ci­lio par­ti­cu­lar.
La mis­ma Fis­ca­lía sus­tan­ció en su mo­men­to la ins­truc­ción de la cau­sa que ac­tual­men­te sien­ta en el ban­qui­llo al pro­xe­ne­ta, pe­ro no in­clu­yó es­ta se­gun­da de­nun­cia, que que­dó ca­jo­nea­da has­ta que la pro­cu­ra­do­ra Ge­ne­ral de la Na­ción, Ale­jan­dra Gils Car­bó, to­mó co­no­ci­mien­to del ca­so. 
Al cie­rre de es­ta edi­ción (de la re­vis­ta), Vein­ti­tres pu­do sa­ber que Hair­da­be­dian man­dó a pe­dir el ex­pe­dien­te a Bell Vi­lle pa­ra es­tu­diar si co­rres­pon­de su­mar aque­llas de­cla­ra­cio­nes que in­vo­lu­cran a Pas­se­ri­ni, con el ob­je­ti­vo de de­ve­lar la com­pli­ci­dad del po­der po­lí­ti­co con la red de tra­ta.
El año pa­sa­do lla­mó la aten­ción la de­mo­ra en la Fis­ca­lía de Bell Vi­lle pa­ra abor­dar la co­ne­xión po­lí­ti­ca del ca­so. “No pue­de ser que ten­ga la de­nun­cia sin de­ter­mi­nar si exis­te de­li­to o no du­ran­te tan­to tiem­po. Más de un año es mu­cho. La Fis­ca­lía tie­ne dos op­cio­nes: pue­de des­car­tar la de­nun­cia o ins­truir una cau­sa. Lo que no pue­de ha­cer es te­ner ca­jo­nea­da tan­to tiem­po”, ex­pli­ca­ron en los Tri­bu­na­les Fe­de­ra­les de Cór­do­ba.
En Bell Vi­lle, en cam­bio, apun­ta­ron en­ton­ces a la su­pues­ta in­fluen­cia so­bre la Fis­ca­lía de Do­min­go Car­bo­net­ti, apo­de­ra­do de Unión por Cór­do­ba y ma­no de­re­cha del go­ber­na­dor De la So­ta.
El Fren­te Cí­vi­co de­nun­ció a Pas­se­ri­ni en los Tri­bu­na­les pro­vin­cia­les pe­ro, se­gún in­for­mó el dia­rio La Ma­ña­na, la fis­cal An­to­nia De la Rúa so­li­ci­tó su in­com­pe­ten­cia y la de­nun­cia se acu­mu­ló tam­bién en Bell Vi­lle. 
An­te la inac­ción ju­di­cial en la Fis­ca­lía Fe­de­ral de di­cha ciu­dad, el se­na­dor Luis Juez se reu­nió es­te mes con Gils Car­bó y le tras­la­dó su in­quie­tud. In­me­dia­ta­men­te la pro­cu­ra­do­ra ins­tru­yó a la Uni­dad Fis­cal de Asis­ten­cia en Se­cues­tros Ex­tor­si­vos y Tra­ta de Per­so­nas (UFA­SE), a car­go del fis­cal fe­de­ral Mar­ce­lo Co­lom­bo, pa­ra que se in­vo­lu­cre en el ca­so.

INFO: EL DIARIO VILLA MARIA
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