Una nueva polémica por la adjudicación de obras públicas por parte del municipio se desató el viernes 19 de Julio, cuando se abrieron los sobres de los concursos privados de precios para obras de refacción del Centro Cultural, que el radicalismo objetó considerando que se debía llamar a licitación pública, y que continuó en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de esta semana, la primera luego de 15 días de receso invernal. Según el radicalismo, toda obra a adjudicar superior a los 380 mil pesos deben ser objeto de llamado a licitación pública, mientras que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) sostiene la existencia de excepciones.
En la reunión, el tema fue retomado a través de una misiva enviada por el Departamento Ejecutivo, firmada por la Intendenta Lorena Bussi, en la que se insta al cuerpo deliberativo a realizar una "interpretación auténtica" sobre el artículo 11 de la Ordenanza 1118/12, sancionada por los propios ediles, en la que efectivamente se sostiene que cuando el monto de la contratación supere los 380 mil pesos corresponde el llamado a licitación, pero según su interpretación plantea mecanismos de excepciones como en el caso de tratarse de fondos públicos enviados por la provincia o la nación específicamente destinados a obras, trabajos públicos o adquisición de bienes.
Tras la lectura de la carta, y compartiendo el criterio del Ejecutivo, ediles del oficialismo como el caso de Verónica Torregiani reprocharon a la legisladora Evangelina Badín (una radical en el recinto ya que Antúnez estuvo ausente), el desconocimiento de las normativas vigentes a la hora de objetar procedimientos. Finalmente, por mayoría, los legisladores del oficialismo revalidaron la interpretación de la Ordenanza realizada por el ejecutivo.
INFO: EL INFORMANTE
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