CAMILO ALDAO : La contadora de la sucursal local de la Mutual Defensores de Boca Juniors, Jorgelina Rosso, fue detenida en las últimas horas por orden del Juzgado de Villa María acusada de integrar una asociación ilícita que encubría, a través de la entidad, ventas de soja en negro por unos $ 600 millones. Según informaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que fue quien realizó la investigación, esta detención se suma a la de Miguel Angel Seri, gerenciador de la entidad mencionada, quien se encuentra preso en la cárcel de Bouwer desde hace dos meses. Desde la Afip explicaron que, luego de las tareas de inteligencia efectuadas, se formuló una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci, quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca. Así fue que el juez Mario Eugenio Garzón dispuso la detención de la contadora y responsable de la administración de la oficina Río Cuarto de la mutual, tras varias imprecisiones en la declaración efectuada la semana pasada. Además, el juez dispuso tres allanamientos en la ciudad: uno en la oficina comercial, otra en el departamento donde vívía Rosso, y el tercero en un local comercial dedicado a la venta de prendas de vestir. La irregularidad cometida por esta asociación ilícita es que intentó aprovecharse de los beneficios impositivos que cuentan las mutuales en los impuestos al Cheque y Ganancias. En el caso particular de la Mutual Defensores Boca Juniors, permitía a los empresarios ocultar el circuito del dinero de la venta de soja en negro, usando la entidad, lo que les facilitaba quedar al margen de la investigación del organismo tributario. En este contexto, la Afip informó que investigará ahora a varias empresas locales, en el marco de la investigación por la multimillonaria evasión al fisco en las operaciones de venta de soja en negro. Las empresas investigadas son Superficies SA, con domicilio en Córdoba, presidida por Seri, y Graneros SA. Las máximas autoridades de ambas empresas ocupan u ocuparon cargos en la comisión directiva de la institución deportiva, utilizada para las maniobras de evasión fiscal. En cuanto a Rosso, tras la decisión del juez Garzón de ordenar su traslado a Bouwer, los abogados pidieron la excarcelación, que se tramitará en el transcurso de la próxima semana. La contadora está imputada del delito de partícipe de evasión, figura prevista en el artículo 15, inciso C, asociación ilícita fiscal de la Ley Penal Tributaria, que contempla una pena de tres años y seis meses a diez años de prisión, con un mínimo de cinco años para quien reviste como jefe de la organización.
Info: La Mañana de Córdoba
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