Los graves incidentes ocurridos durante la madrugada del domingo, a la salida de un boliche bailable ubicado sobre uno de los accesos a Justiniano Posse, donde una pelea terminó con una persona atropellada por un automóvil que luego se dio a la fuga, vuelven a poner sobre la mesa un tema que no puede seguir siendo ignorado: la venta de alcohol a menores de edad y la falta de controles.
Cada fin de semana es habitual observar una importante concentración de jóvenes y adolescentes en las inmediaciones de los locales bailables. Frente a esa realidad, surgen preguntas que merecen respuestas concretas: ¿se está controlando realmente que no se venda alcohol a menores? ¿Se realizan inspecciones? ¿Se exige la documentación correspondiente? ¿Quién fiscaliza el cumplimiento de la ley?
La respuesta está en la legislación vigente. El control corresponde al Estado municipal, que tiene la responsabilidad de fiscalizar el funcionamiento de los locales habilitados y verificar que se cumplan las normas que regulan la actividad nocturna.
La Ley Provincial de Córdoba Nº 9109, en su artículo 63, establece sanciones severas para los propietarios o responsables de establecimientos que expendan, faciliten o promuevan el consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Las penas incluyen clausuras temporarias, arrestos e incluso la clausura definitiva del comercio en caso de reincidencia. Si el menor tiene menos de 14 años, las sanciones son aún más graves.
A ello se suma la Ley Provincial Nº 8080, que incorporó multas y arrestos para quienes sirvan o vendan alcohol a menores, incluso cuando éstos estén acompañados por personas mayores de edad, con la única excepción de sus padres.
Además, la Ley Nacional Nº 24.788, de Lucha contra el Alcoholismo, prohíbe en todo el territorio argentino el expendio de cualquier tipo de bebida alcohólica a menores de 18 años.
Las normas existen. Son claras y contemplan sanciones importantes. Lo que muchos vecinos se preguntan es si realmente se están haciendo cumplir.
La violencia que se observa a la salida de algunos boliches no aparece de un día para otro. En muchos casos es el resultado de una combinación de factores: consumo excesivo de alcohol, falta de prevención, ausencia de controles y una presencia insuficiente del Estado en los momentos y lugares donde estos hechos se repiten una y otra vez.
Controlar no significa perseguir a nadie. Controlar es prevenir. Es impedir que un menor pueda acceder a bebidas alcohólicas, verificar que los establecimientos cumplan con la ley y evitar que una noche de diversión termine en una pelea, un atropello o, peor aún, en una tragedia.
Después de los disturbios del domingo, la comunidad espera respuestas. Pero, sobre todo, espera decisiones.
Porque si las leyes existen y nadie las hace cumplir, dejan de ser una herramienta para proteger a la sociedad y se convierten en letra muerta. Y cuando los hechos de violencia se repiten fin de semana tras fin de semana, ya no alcanza con lamentar lo ocurrido.
Es momento de que las autoridades municipales asuman plenamente el rol de control que la ley les asigna y actúen antes de que el desenlace sea irreversible.
INFO: FM de la MEDIALUNA
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