Justiniano Posse : Prisión por estafas ganaderas

Un padre y su hijo fueron condenados en General Pico por 11 estafas vinculadas a la compra de hacienda con cheques sin fondos.

El juez de audiencia de juicio de General Pico, Federico Pellegrino, condenó a Aníbal Antonio Alberto, de 70 años, y a Andrés Aníbal Alberto, de 46, por considerarlos coautores materiales y penalmente responsables del delito de estafa, en un total de 11 hechos.

Aníbal Antonio Alberto recibió una pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Su hijo, Andrés Aníbal Alberto, fue condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva.

El debate oral se realizó los días 27 y 28 de abril. Intervino el fiscal general Armando Agüero, los defensores particulares Michel Divoy y Jerónimo Altamirano, y el abogado Guillermo Galcerán como querellante particular. Según la acusación, los imputados eran titulares y administradores de la firma Panema S.A., con asiento en Justiniano Posse, provincia de Córdoba. 

La empresa adquirió ganado vacuno en operaciones realizadas en La Pampa y contrató servicios de transporte de hacienda hacia un predio rural ubicado en Córdoba.

Los pagos fueron realizados mediante cheques físicos y electrónicos de pago diferido que luego fueron rechazados por falta de fondos. La maniobra afectó a dos firmas ganaderas y a dos empresas de transporte.

En una de las operaciones, realizadas en ferias ganaderas del 15 de enero y 5 de marzo de 2021, adquirieron 195 cabezas de ganado. El perjuicio informado fue de 5.773.818,65 pesos. En otro caso, entre enero, febrero y marzo de 2021, compraron 475 animales. Los cheques entregados también fueron rechazados y el daño económico ascendió a 10.511.978,08 pesos.

Además, una empresa de transporte reclamó viajes realizados en febrero y marzo de 2021 hacia Justiniano Posse, por un perjuicio de 705.571 pesos. Otra firma transportista denunció la falta de pago de un servicio facturado por 73.931 pesos.

Durante los alegatos, el fiscal sostuvo que Panema S.A. tenía dificultades económicas y que, pese a ello, continuó comprando hacienda. También señaló que los imputados registraban más de 1.000 cheques rechazados. 

El juez consideró probado que la empresa compró sabiendo que no podría pagar al vencimiento de los documentos entregados. También tuvo en cuenta que el perjuicio actualizado supera los 1.000 millones de pesos, la cantidad de hechos y la falta de reparación frente a los reclamos de los damnificados.

Info: El diario de La Pampa

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