MARCOS JUAREZ: Apenas seis días separan a 5.500 jubilados de quedarse sin acceso a la salud y el silencio es ensordecedor

El inminente cierre del Sanatorio Privado del Sudeste, previsto para el 31 de marzo, no es solo una noticia más en la agenda local: es la antesala de una crisis sanitaria anunciada.

Una crisis que, lejos de ser inevitable, está siendo empujada por la desidia, la improvisación y, sobre todo, la falta de respuestas concretas de quienes tienen la responsabilidad de garantizarlas.

Porque lo más grave no es solo el cierre en sí.

Lo verdaderamente alarmante es que, a esta altura, el PAMI no haya comunicado oficialmente un plan de contingencia. No hay claridad sobre dónde serán atendidos los pacientes, quién asumirá las prestaciones, cómo se resolverán las urgencias, ni qué pasará con las cirugías programadas o los tratamientos en curso. Nada. Un vacío total.

Y ese vacío no es administrativo. Es un vacío que pone en riesgo vidas.

Los 5.500 afiliados afectados no son números. Son personas mayores, muchas con enfermedades crónicas, con movilidad reducida, con necesidades médicas constantes. Para ellos, la interrupción del sistema no es una incomodidad: es una amenaza directa. Cada día sin certezas es un día más cerca del colapso.

La alternativa pública, el Hospital Abel Ayerza, ya ha sido señalada por la propia comunidad como insuficiente para absorber semejante demanda.

Pretender que un sistema que hoy funciona con recursos limitados pueda, de la noche a la mañana, reemplazar servicios complejos, sostener guardias reforzadas y atender derivaciones masivas, no es planificación: es una ficción peligrosa.

Frente a este escenario, la reacción de la comunidad ha sido clara, organizada y legítima.

Centros de jubilados, vecinos y organizaciones sociales están presentando un documento contundente, con exigencias concretas y urgentes. No piden privilegios. Exigen lo básico: saber dónde atenderse, cómo acceder a una guardia, quién responderá ante una emergencia.

Y, sin embargo, las respuestas no llegan.

La falta de comunicación oficial por parte de PAMI no solo agrava la incertidumbre, sino que revela una preocupante desconexión con la realidad que atraviesan miles de afiliados. Gobernar —y gestionar la salud pública— no es reaccionar cuando el problema estalla; es anticiparse.

Y aquí, el tiempo ya se agotó.

Seis días no son un margen: son una cuenta regresiva.

Cada hora sin un plan es una irresponsabilidad más. Cada silencio institucional es una forma de abandono. Y cada demora acerca a Marcos Juárez a una situación que ya tiene nombre: emergencia sanitaria.

Las autoridades todavía están a tiempo de evitarlo. Pero ese tiempo no es indefinido. La comunidad ya fijó un ultimátum de 72 horas. No como gesto político, sino como acto de supervivencia.

Porque cuando el sistema se apaga, no hay discursos que sustituyan una guardia médica, ni promesas que reemplacen una ambulancia.

Y en Marcos Juárez, hoy, lo que falta no es diagnóstico. Es decisión.

INFO: CADENA SUDESTE

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