La Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de la fiscal María Schianni, encabezó junto con Gendarmería Nacional una investigación que derivó en siete allanamientos realizados el 1 de octubre en Pozo del Molle, Sacanta y una zona rural de Córdoba, donde se detectó una estructura dedicada presuntamente a la adulteración, fraccionamiento y comercialización de agroquímicos falsificados.
La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por la empresa Syngenta Agro S.A., quien alertó sobre la supuesta venta de productos adulterados que utilizaban marcas pertenecientes a la empresa. A partir de esa presentación, los investigadores avanzaron sobre las personas y firmas que estarían vinculadas con la maniobra.
Con la autorización del Juzgado Federal de Villa María, a cargo del juez Sergio Pinto, los efectivos inspeccionaron las sedes y oficinas comerciales de AgroCampo y Grupo Ceiba, ambas de Pozo del Molle, además de domicilios particulares, depósitos y un establecimiento rural situado en Sacanta.
Una estructura destinada a la adulteración
En el predio rural, los investigadores encontraron una infraestructura que habría sido utilizada para producir, mezclar, fraccionar, envasar y distribuir los productos.
Durante las medidas se secuestraron envases reutilizados, recipientes destinados al almacenamiento y mezcla, sustancias químicas, insumos para el acondicionamiento de los productos y una impresora industrial codificadora que habría sido empleada para confeccionar etiquetas con las marcas falsificadas.
La pesquisa también permitió establecer el presunto fabricante y proveedor de los agroquímicos adulterados, además de identificar el inmueble que funcionaba como centro de acopio y procesamiento.
El establecimiento rural no contaba con la habilitación correspondiente de la autoridad provincial competente, según se determinó durante las actuaciones.
Analizan posibles daños
La cantidad y variedad de elementos incautados será sometida a pericias para determinar la autenticidad de los productos y establecer las características de las sustancias encontradas.
Los estudios también buscarán determinar si los agroquímicos presentan riesgos para la salud de las personas, los animales y el medioambiente. El valor estimado del material secuestrado asciende a 110 millones de pesos.
La causa analiza posibles delitos contemplados en la Ley de Marcas 22.362, además de presuntas estafas y hechos relacionados con eventuales daños ambientales.
Como parte de las medidas solicitadas por la Fiscalía, se dispusieron acciones cautelares sobre 11 vehículos vinculados con la causa. La medida apunta a preservar bienes que eventualmente podrían ser considerados producto o instrumento de los delitos investigados y garantizar una posible reparación.
Finalmente, el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba ordenó la clausura de AgroCampo y Grupo Ceiba. La decisión busca impedir que ambos establecimientos continúen funcionando como canales de distribución y comercialización mientras avanza la investigación judicial.
INFO: PUNTAL VILLA MARIA
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(2594) Córdoba - Argentina
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